Es un cuestionamiento común sin que pueda encontrar una respuesta meridianamente razonable. A pesar de encontrarnos en un territorio caracterizado por su sismicidad, los desmanes que ha sufrido la infraestructura vial colombiana en los últimos tiempos no tienen su origen en esta poderosa fuerza de la naturaleza, razón que justificaría plenamente su desmoronamiento.

Hay quienes se atreven a afirmar que lo que pasa en Colombia obedece a las inclementes lluvias que hace que literalmente nuestras montañas se derritan sobre las vías como un helado a pleno rayo del sol.

Pero entonces la pregunta que cualquiera se hace es ¿cómo resuelven los otros países del mundo este problema? pues Colombia no es el único país donde se asientan las nubes con colosales cargas de agua. La respuesta es obvia, el problema se resuelve con una ingeniería de calidad antecedida cardinalmente por una planeación estratégica que desde lo público integre eficazmente al país.

Los contratistas deben zafarse de esa profunda convicción de optimizar los presupuestos de obra dejando en segundo plano la ingeniería para resolver los problemas de estabilidad de nuestra desafortunada geología; la cual, irónicamente, compartimos con Chile, Perú y Ecuador, países en los que el desarrollo de su infraestructura, lejos de presentar los problemas que vivimos aquí, han demostrado que sí se pueden ejecutar proyectos de gran envergadura y particularmente resistentes a las inclemencias del tiempo.

El estado colombiano por su parte debe dejar de contratar estas obras pensando en el corto plazo para que el gobernante de turno corte la cinta, pero fundamentalmente en dejar de insistir tozudamente en los trazados de los caminos reales del siglo XVIII –y hasta ancestrales–, por aparentemente resultar en la solución más barata en la concepción del estado de pobreza que nos han inculcado desde tiempos inmemoriales. La realidad ha demostrado todo lo contrario: no son la solución presupuestal más económica pues ¿cuántos recursos no se han invertido en la vía al Llano?¡Miles de millones de pesos, por no decir billones!

En dos siglos de república, Colombia ha sido incapaz de desapegarse de esas trochas que ha convertido hoy en “dobles calzadas”, en una visión temerosa bajo la concepción de pobreza que la ha caracterizado, corto placista y mediocre en sus políticas públicas en materia de infraestructura; cuando este sector es el epicentro del desarrollo de nuestra economía aún considerada emergente.

Es con una infraestructura estratégicamente pensada y planificada para conectar realmente a Colombia –que no a Bogotá con el resto del país–, con la que se podrá alcanzar el dinamismo requerido para un desarrollo sostenido y por qué no, hasta sostenible, de nuestro país.

Esta crisis que estamos presenciando debe ser vista como una urgente invitación para revisar, evaluar y reflexionar, desde lo público, en lo que ha dejado de funcionar desde hace décadas, con la celebración de contratos estructurados bajo supuestos irrealizables y cuyos costos hemos de soportar los humildes contribuyentes.

Por: Johanna Sinning

Por: Johanna Sinning Bonilla

A raíz de los desastres en materia de infraestructura de importantísimos proyectos viales y energéticos del país, vale la pena hacerse este cuestionamiento, en tanto que dicha cobertura en muchas ocasiones se obvia con el fin de “optimizar” los costos de una transacción que tenga de por medio el diseño para la construcción de una obra de esta envergadura.
El mercado asegurador colombiano recientemente y de manera tímida empezó a ofrecer este instrumento, pero a unos costos muy elevados para quienes la solicitan llegando al punto de que se desestime en la mayoría de estas contrataciones. Pero a qué costo cuando se ven a simple vista los resultados de una ingeniería que demuestra que en Colombia aún no existe consciencia acerca del concepto de la seguridad en el diseño.
Los hechos hablan por sí solos. Basta con mirar el desplome del puente Chirajara o el advenimiento erosivo de la montaña en la presa Hidroituango. Su punto de encuentro: error o deficiencias de diseño.
No siendo estos los únicos casos, pero sí los más relevantes de los últimos tiempos en la historia de la ingeniería colombiana, el panorama de una mejora no se vislumbra en el mediano plazo porque el paso colosal que se quiso dar con la locomotora de la infraestructura del gobierno pasado, dejó de lado la importancia del saber hacer que, en esta materia, consistía en saber planear a través de políticas públicas que leyeran la realidad de la infraestructura del país, y en saber diseñar con la elaboración de diseños juiciosos, pausados, y robustos que atendieran la necesidad que se demandaba para este tipo de proyectos con el fin de no estar penando con los resultados apresurados que hoy estamos padeciendo.
Lógicamente la exigencia contractual de esta cobertura no es garantía de una mejor ingeniería, a la que nos urge abocarnos, pero de seguro sí un punto de partida para depurar el mercado de la mediocridad que tanto la azota al encapsularse obsesivamente en el concepto de la llamada “optimización”, es decir, entre más barato, mejor. Porque se olvida la seguridad de los usuarios –que además de ser los mismos contribuyentes que pagan por tales obras– son quienes, en últimas, habrán de asumir las consecuencias con sus propias vidas por la implantación de un mal diseño.

Calcule las tarifas de los servicios que ofrece el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá:

A través de esta herramienta, podrá consultar el valor de su trámite arbitral.

Tenga en cuenta que:

• Los trámites arbitrales que sean iniciados con posterioridad al 12 de octubre de 2012, se rigen por la Ley 1563 de 2012 (nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional).
• Los arbitrajes con tarifas legales se regirán por lo dispuesto en el Decreto 1829 de 2013.
• Los arbitrajes con tarifas institucionales se regirán por lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación.

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Por: Hernando Herrera Mercado

Árbitro y miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá

Materia esencial en el arbitraje, como lo es para cualquier tipo de proceso, es lo concerniente al debido conteo de sus términos, aspecto que, por cierto, también resulta relevante en aras de analizar la configuración de la causal de anulación que atañe a la expedición del laudo después del vencimiento del límite máximo fijado para ello. Esta causal da lugar a lo que se conoce como “laudo tardío”, es decir, aquel dictado por fuera del plazo dispuesto para emitirlo. Dicha previsión se incluyó invariablemente en todas las legislaciones arbitrales previas a la actual, aunque en el estatuto vigente se extendió a que se afectara con extemporaneidad la actuación arbitral cuando la resolución de las solicitudes de corrección, aclaración o complementación del laudo se produjeran por fuera del aludido término.

Ahora bien, también es pertinente exponer que la contabilización y expiración de plazo para expedir el laudo y su eventual complementación dependerán de si un tribunal arbitral se rige por las normas legales sobre la materia o apegadas a las reglas de un centro de arbitraje –caso este último donde la duración del trámite se regirá por lo establecido en el respectivo reglamento institucional–. Tratándose del primer caso, es decir un arbitraje cuyo procedimiento se realiza conforme a las disposiciones legales o en ausencia de plazo convencional, el artículo 10 de la Ley 1563 del 2012 dispone que el término para la duración del proceso es de seis meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Es esa, y no otra, la interpretación debida sobre a partir de qué momento se inicia el conteo de la actuación arbitral.

De otro lado, ya para cualquier tipo de arbitraje, este mismo artículo establece que el término podrá prorrogarse una o varias veces sin que el total de las prórrogas exceda los seis meses. Por supuesto que la prórroga solo puede darse antes de que hubiera vencido el término inicialmente pactado o el legalmente establecido, pues, de lo contrario, sería inane dada la clara imposibilidad de que se pueda convalidar ulteriormente el hecho cumplido de la extinción del término.

Tampoco se podrá perder de vista lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1563, que atañe a las suspensiones del proceso arbitral a instancias de las partes, y que limita tal facultad a un tiempo que sumado no podrá exceder los 120 días. Por consiguiente, luego de vencido ese término, se deberán adicionar a la duración del proceso arbitral los días adicionales objeto de suspensión. De lógica, y tal y como fluye del texto normativo, la previsión de que las suspensiones no puedan exceder ese límite se refiere exclusivamente a las que se soliciten con posterioridad a la finalización de la primera audiencia de trámite, y no a las que se hayan concitado antes de esa etapa. Lo anterior encuentra asidero, y es la debida interpretación sobre la materia, en que en los términos del artículo 10 de la Ley 1563 el término del proceso arbitral se contabiliza a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, y así el artículo 11 de esa norma dispone precisamente que a ese término del proceso se adicionen los días de suspensión. En conclusión, las únicas suspensiones que afectan o se suman al término del trámite arbitral son las que se produzcan finiquitada la primera audiencia de trámite.

También conviene precisar que las suspensiones y las prórrogas son fenómenos distintos. Las últimas implican una ampliación del plazo para fallar, mientras que las primeras suponen que el término no sigue corriendo, porque se haya transitoriamente inactivo luego de que este empezó a correr.

Tomado de: https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/el-conteo-de-terminos-en-el

Por: Johanna Sinning Bonilla

El Estado colombiano cuenta con un estatuto en materia de arbitraje de reciente expedición, que busca acompasar esta importante institución con otras legislaciones del hemisferio que son sobresalientes en la materia por su flexibilidad y versatilidad para atender de una forma eficiente y ágil las controversias que se debaten ante esta instancia, de cara a, la cada vez más demandante, globalización que impone la necesidad de contar con un marco legislativo que permita atraer la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del país.

En efecto, entre los análisis que se plantean a la hora de invertir en un país, empiezan indudablemente por estudiar su marco normativo y con ello, revisar la eficiencia y eficacia de la administración de justicia, de cara a establecer el nivel de seguridad jurídica que se ofrece al inversionista. Es por estas razones elementales que el Estado colombiano ha empezado una campaña para compilar, actualizar y sistematizar todo su ordenamiento jurídico.

Con ello, el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, que como mecanismo alternativo a la justicia ordinaria para administrar justicia, ha sido la institución acogida en las recientes estructuraciones para los proyectos de infraestructura vial que el Gobierno colombiano ha denominado como los “Proyectos Viales Bajo El Esquema De Asociaciones Público Privadas: Cuarta Generación De Concesiones Viales” (Documento CONPES 3760, 2013).

En ese orden, el Congreso de la República ha salido al paso con la expedición de la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”, normativa que también se ha encargado de regular algunos aspectos en materia arbitral, a los cuales me quiero referir en el presente escrito, que cobran especial importancia para quienes se dedican a tan meritoria labor, de árbitros y secretarios, en el marco de las controversias que puedan surgir en este tipo de escenarios. Y es frente al número de trámites arbitrales que de acuerdo con la ley, es permitido aceptar por parte de aquéllos, cuando se encuentra de por medio una entidad estatal que funge como parte en este tipo de procedimientos.

De acuerdo con la exposición de motivos que diera con la expedición de la Ley 1563 de 2012, dicha participación, esto es, de árbitros y secretarios, debía condicionarse frente a los aparentes acaparamientos de tales funciones por unos pocos profesionales del derecho.

Para ello, el Estatuto Arbitral introdujo unos limitantes de orden prohibitivo mediante los cuales procura proteger al arbitraje de “…abusos, monopolios, tráfico de influencias y de acaparamientos indebidos” […], según la exposición de motivos del estatuto que cita la Corte Constitucional, al realizar su análisis de constitucionalidad respecto de lo establecido en el 2o inciso del artículo 8o ídem (Sentencia C-305 de 2013). En efecto, este inciso se encargó de restringir la posibilidad de que árbitros y/o secretarios pudiesen participar simultáneamente en más de cinco (5) trámites arbitrales, cuando fuese parte una entidad estatal.

Era claro entonces, que cuando estuviese de por medio una entidad estatal, al momento de su designación, los árbitros o secretarios, según fuere el caso, debían previo a su aceptación, verificar el número de trámites arbitrales en los que estuviese fungiendo como parte una entidad estatal, siendo cinco (5) el número de entidades estatales que figurasen como tal dentro de los respectivos trámites a su cargo, en orden a proceder con una aceptación ante una nueva designación de estas características.

Sin embargo, con la expedición del Ley 1682 de 2013, pareciera restringirse aún más dicha prohibición para árbitros y secretarios, llevándola a tres (3) trámites arbitrales como límite máximo en los que pudiesen participar, de acuerdo con lo establecido en el literal h) del artículo 14 ídem. El literal en cita establece que “Ningún árbitro, amigable componedor o secretario podrá desempeñarse simultáneamente como tal, en más de tres (3) tribunales o amigable componedor en que intervenga como parte una entidad pública objeto de la presente ley, o en los conflictos relativos a éstas;” […] (1).

(1) Ley 1682 de 2013. Artículo 14 h). Subrayado fuera de texto.

Cabe preguntarse si el artículo mencionado deroga tácitamente lo previsto por el 2o inciso del artículo 8o de la Ley 1563 de 2012. Este interrogante no es menor frente a las consecuencias disciplinarias a las que puede estar avocado un administrador de justicia de este carácter.

El artículo 1o de la Ley 1682 de 2013, establece que el ámbito de aplicación de la misma se hará respecto de la infraestructura de transporte pero, ¿qué pasa respecto de aquéllas entidades que no solamente contratan y desarrollan, a través de su actividad contractual, infraestructura de transporte sino también infraestructura social o productiva, en las que es común que se presenten divergencias a resolverse mediante arbitraje?, ¿O que a pesar de no tener nada que ver con infraestructura de ningún tipo, exista cualquier otro tipo controversia a resolverse por la vía arbitral? Al ser “…conflictos relativas a éstas.” […] ¿ello querría significar que el ámbito de la prohibición establecida en el Estatuto Arbitral se amplía por cuenta de lo establecido en el literal h) del artículo 14 de la Ley 1682 de 2013?

Hay quienes pensarán que por tratarse de una prohibición legal, su interpretación debe ser igualmente restrictiva de cara a lo previsto en el 2o inciso del artículo 8o de la Ley 1563 de 2012, esto es, teniendo como máximo el número de cinco (5) trámites arbitrales en los que se podrá intervenir como árbitro o secretario cuando esté de por medio una entidad estatal, siempre que no se trate de infraestructura de transporte; pero que paradójicamente, con la redacción establecida en el literal h) del artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, en una postura conservadora frente al riesgo que representa para quien asume como árbitro o secretario, no puede más que interpretarse de manera extensiva a cualquier tipo de conflicto a resolverse a través de un trámite arbitral, sin importar el sector, siempre que intervenga una entidad estatal.

Al revisar las derogatorias que trae el artículo 73 de la Ley 1682 de 2013, no se hace alusión expresa a tal inciso pero cuando señala que “…y deroga […] las demás disposiciones que le sean contrarias.”, confirma la derogatoria tácita del 2o inciso del artículo 8o a de la Ley 1563 de 2012.

El profesor López Blanco (2013, pp 141-142) considera rara la posibilidad planteada por esta normativa en el sentido de que un árbitro o secretario llegue siquiera a participar, sea en cinco (5), sea en tres (3) trámites arbitrales en los que sea parte una entidad estatal, de manera simultánea y, por eso, la reputa como un esfuerzo de “nula utilidad práctica” pero que de presentarse vale la pena hacerse los planteamientos aquí señalados.

Referencias bibliográficas

López Blanco, H.F. (2013). Proceso Arbitral Nacional (pp 141-142). Bogotá D.C.: Dupré Editores Ltda. República de Colombia, (2012), Ley 1563 de 2012. Colombia.

República de Colombia, (2013) Ley 1682 de 2013. Colombia.

República de Colombia, Corte Constitucional (2013). Sentencia C-305 de 2013. Colombia.

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación – DNP (2013), Documento CONPES 3760. Colombia.